Filosofía política y drogas: breve esbozo de algunas limitaciones del antiprohibicionismo

I. Introducción

En pocas ocasiones la investigación sobre drogas se observa como un campo desde el que problematizar el cruce entre moral, ética, sociología, religión, derecho y política. En el siguiente escrito ensayaremos un esbozo de perspectiva multidisciplinar que ayude a profundizar en los perjuicios de la prohibición de las drogas mediante una reflexión sobre su abordaje político habitual. El fin es invitar a una filosofía política de las drogas que tenga en cuenta puntos de vista distintos de los puramente políticos y jurídicos.

II. Prohibicionismo y politicismo

Si se quiere hablar de una filosofía política de las drogas hay que ir más allá del antiprohibicionismo[1]. Este apunta con frecuencia a causas única o privilegiadamente jurídico-políticas para explicar la situación global contemporánea en materia de psicoactivos. Un ejemplo de la atención a este tipo de causas es la usual historizaciónestadounidense de las drogas que tan solo otorga un siglo de recorrido a «La Prohibición» (precisamente el período que coincide con su reglamentación jurídica internacional y sus antecedentes cercanos). Se habla del comienzo de la Volstead Act (o «Ley seca», promulgada en 1919) y su evolución, de la persecución racista a mejicanos y afroamericanos, de los cambios de políticas hasta llegar a los años 60 o de la progresiva difusión internacional de las mismas a través de presiones norteamericanas que cristalizarían en los tratados internacionales (Convenciones de 1961, 1971, y 1988 respectivamente[2]).

Debatir sobre drogas en estos términos, incluso circunscribiéndonos únicamente a las ciencias sociales, supone al menos: 1) definir su campo de estudio por un concepto de contornos muy difusos: «Prohibición»; 2) definir un marco interpretativo desde una terminología que alude a la acción de aquellos que, precisamente, menos o peor han investigado sobre drogas (cediendo con ello el control intelectual del debate). De la misma manera que emplear la palabra «drogadicción» condiciona a pensar las drogas como un problema vinculado a la adicción, emplear «prohibicionismo», o incluso autodenominarse «antiprohibicionista», lleva a creer que, a la hora de investigar sobre drogas, lo más importante es que están prohibidas (principio cuestionable por contraintuitivo que parezca); 3) definir el estudio de las drogas ubicando el núcleo geográfico de su análisis en EEUU y utilizando un sintagma principal (el mentado de «Prohibición») proveniente de movimientos sociales y políticos norteamericanos; 4) asumir que las posibles soluciones pasan por un marco reformista vinculado a la perspectiva de los Derechos Humanos (como sucede con instituciones como IDPC [International Drug Policy Consortium]).

Estas suposiciones son algunas de las que se encuentran en una visión típicamente política del estudio de las drogas (muchas veces llevada a cabo por politólogos o juristas); una visión que, no siendo falsa, podría ser insuficiente o demasiado gremial a la hora de ofrecer un análisis más amplio en un ámbito de estudio como el que tratamos. Apuntaremos a continuación algunas limitaciones que a nuestro juicio tiene esta visión denominando como «politicismo» a la interpretación principalmente política que subordina el protagonismo de otras disciplinas de investigación social y como «politicismo jurídico» a aquella versión que obtiene auxilio del derecho como disciplina privilegiadamente consultada por el politicismo. En el caso concreto del estudio de las drogas señalaremos que un mayor énfasis en la historia (capaz de ampliar el horizonte temporal de análisis), la influencia ético-moral-religiosa y la sociología sería de gran ayuda. Por último nos apoyaremos en algunos elementos que brinda Max Weber en su obra La ética protestante y el espíritu del capitalismopara ejemplificar el auxilio que estas perspectivas pueden ofrecer.

III. Max Weber y la secularización aplicada al politicismo

Como hemos dicho, una de las dificultades con las que se encuentra el politicismo aplicado al estudio de las drogas es que su genealogía habitual solo atiende prácticamente a los últimos 100 años de historia. Una historización alternativa, y que incluyera alguna de las disciplinas que hemos mencionado, podría introducir aportaciones útiles al resaltar el papel sociológico de la religión en la transformación de las prácticas de distintos colectivos: gracias a ello se ahondaría en los valores que sustentan dichas prácticas e influyen en el marco jurídico-político. Defenderemos la relevancia de comprender estos valores ya que sin ellos las prohibiciones aparecen como normas vaciadas y exentas de sus relaciones recíprocas con las prácticas socioculturales. Se estaría seccionando la conexión entre ética y derecho corriendo el riesgo de asumir que este último siempre y en cualquier caso tiene la fuerza unilateral de obligar a la primera. Así las influencias socioculturales no legales, que muchas veces anteceden y suceden a las medidas judiciales y políticas, quedarían relegadas a un segundo plano.

Un ejemplo de lectura sociocultural que antecede a sus repercusiones político-jurídicas es la que ofrece Max Weber en La ética protestante y el espíritu del capitalismo. A pesar de que su obra no guarda una conexión evidente con la investigación en drogas que nos ocupa, su inclusión no es caprichosa (y más si tenemos en cuenta su influencia metodológica en la Historia General de las Drogas de Antonio Escohotado, obra que tiene entre sus méritos la combinación de un amplio análisis histórico y sociorreligioso junto a una interpretación política y jurídica que rebasa el relato antiprohibicionista habitual).

Un concepto clave de Weber, en este sentido, es el de «secularización». El autor alemán se apoya en la historia religiosa para encontrar una relación entre moral ascética protestante (en especial la calvinista) y ética capitalista en los países donde aquella predominaba. Su investigación no tiene un prisma político-jurídico (que con razón se podría echar en falta), pero sí habla de cuáles fueron las características de las prácticas culturales que desembocaron en dicha ética y que, solo después y según el autor, cuajarían condicionando la aparición de las medidas jurídico-políticas posteriores de corte capitalista.

¿Por qué en la lectura de Weber se vuelve relevante profundizar en las transformaciones de las religiones a través de esta «secularización»? Porque en ella se alude a fenómenos que se habrían tomado por racionales (siendo definida la razón como aquello que ha roto con la religión), diciendo que son una justificación o «racionalización» de ideas religiosas. La secularización señalaría la prolongación de ciertas prácticas (políticas, legales, etc…) que habrían tomado el ropaje de la razón sin haber abandonado sus fines religioso-morales. En el estudio de las drogas esto puede ejemplificarse fácilmente si recordamos la preocupación que la Convención de 1961 muestra por la «salud física y moral de la humanidad»[3], una expresión que mezcla criterios objetivos «médico-racionales» con otros abiertamente socioculturales sin hacer ningún distingo explícito.

Volviendo a lo que hemos afirmado sobre el politicismo en el estudio de las drogas, y recogiendo el anterior ejemplo tomado de Weber, diremos que existen vínculos entre «razón política» y religiosa que ponen en entredicho la asepsia moral de una aproximación única o privilegiadamente jurídico-política. Dado que no se puede garantizar una comprensión más minuciosa de estos problemas solamente con este abordaje se verían comprometidas las decisiones presentes y futuras basadas en lecturas políticas. Habría que cambiar el eje de la comprensión actual de las drogas y abrir un espacio para explorar las aportaciones multidisciplinares en este ámbito. Dicho eje sería más efectivo para detectar los presupuestos religiosos inadvertidos o «secularizados» que nos envuelven.

Lo anterior tendría más ventajas de las que se pueden destilar por las líneas anteriores. A día de hoy hay motivos más que suficientes para pensar que el discurso actual sobre drogas se volverá obsoleto a medida que el prohibicionismo se debilite (la actual situación, nacional e internacional, en torno al cannabis es muestra palpable de ello). Atender a estas dimensiones serviría no solo para construir un discurso más potente con miras al futuro de la prohibición, sino para acelerar su derrumbe dado lo nefasto de sus consecuencias. De ahí la necesidad de pensar desde ya mismo las drogas fuera del marco de su prohibición, asumiendo estratégicamente que la criminalización de los usuarios y otras medidas semejantes han de ser combatidas, pero haciéndolo desde un marco más diverso que ponga en cuestión presupuestos como el político-jurídico mencionado.

IV. La multidisciplinariedad en el estudio de las drogas

El ejemplo de Weber tendría como fin la ilustración de una herramienta. Dicha herramienta sería una multidisciplineariedad que tendría que ser ensanchada hasta incluir, orgánicamente, no solo más ciencias sociales sino también naturales si se quiere fundar una filosofía política de las drogas coherente. De esta forma se podría investigar a fondo la idoneidad y «racionalidad» de decisiones tomadas a un nivel jurídico-político nacional e internacional. Serviría, además, para evaluar con más perspectivas los marcos actuales de interpretación que puedan ser perjudiciales en el medio/largo plazo. Por mucho que ciertas ideas parezcan indispensables en nuestra cotidianidad esto no significa que el futuro estudio de las drogas y su discusión política tengan que moverse en esa misma dirección; más bien al contrario: la interpretación de la actualidad se verá mucho más fortalecida si un mejor entendimiento del medio/largo plazo se encuentra en el horizonte. De esta manera los conceptos prohibicionistas no subyugarán la atención colectiva a la hora de establecer una nueva reflexión en el ámbito de las drogas.

Resumiendo lo dicho e incidiciendo más abiertamente en el sintagma «antiprohibicionismo»: seguir pensando las drogas desde su prohibición es pensar a la baja, pensar según los criterios de quiénes prohiben, pensar desde una claudicación conceptual allí donde no debe admitirse. Por añadido, reflexionar según este sintagma tendría otra consecuencia: haber dejado al margen a todos aquellos que, aún siendo defensores de un uso no criminalizado de la drogas, no se definen a sí mismos como «antiprohibicionistas», a aquellos que tienen poca o ninguna conciencia de las implicaciones de su práctica pero que tampoco se identifican con esa etiqueta.

Y es aquí donde las medidas únicamente jurídico-políticas no pueden hacer más y muestran sus limitaciones. Su análisis de la normativa existente, enredado con frecuencia en la dialéctica de estados y las grandes luchas de poder, no incluye una visión estratégica que concierna a la movilización y educación ciudadana en materia de drogas (siendo este un agujero negro en la divulgación que impide el diálogo con los «no convencidos»). Sin duda se habrá hecho mucho si se consigue detener la criminalización pero, aún sin ella, no se abarcarán los problemas de la estigmatización que no dependen solo de cambios judiciales sino también socioculturales y éticos. De ahí el relieve de modificar creencias y valores que la población comparte y conforman sus puntos de vista y emociones. No introducir este elemento en el debate sería un error grave que fomentaría el aislamiento de demandas que no solo afectan a usuarios e interesados en las políticas de drogas, sino a la población en su conjunto.

Combatir «La Prohibición» tendrá que significar combatir también los valores que la sustentan. De lo contrario se puede preveer una derrota: la de situar la reflexión sobre las drogas al interior de una endogamia grupal y conceptual que excluye a muchas personas. Estas se quedarán oscilando a la intemperie entre la ignorancia y un clima hostil: la intemperie de unos valores intensamente moralizados que seguirán campando a sus anchas mientras el miedo que suscitan corroe cualquier atisbo de debate público. ¿Cuál será entonces la derrota? No haber incitado esa reflexión cuando más falta hacía, no haber pensado «hacia afuera», no haber sabido organizar un movimiento más amplio. En definitiva: no haber implicado a aquellos que se quedan fuera cuando se habla únicamente desde «La política» y «La prohibición».

[1]   Definido aquí como la postura contraria al conjunto de leyes internacionales que persiguen el uso, elaboración, venta, importación y transporte de sustancias psicoactivas.

[2]   Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes, Convenio sobre Sustancias Psicotrópicas de 1971 y Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas de 1988.

[3]               Véase el preámbulo de la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes: «Las Partes,Preocupadas por la salud física y moral de la humanidad… ».

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